Derechos de los discapacitados en españa

Edad de jubilación en España

Según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su integración social, las empresas que hayan tenido una media de 50 o más empleados en los últimos 12 meses están obligadas a contratar al menos un 2% de trabajadores con discapacidad (con un grado de minusvalía igual o superior al 33%).

No obstante, existe la posibilidad de que, en casos excepcionales, las empresas queden exentas total o parcialmente de esta obligación. La exención se aplica bien por acuerdos alcanzados a través de la negociación colectiva sectorial, bien por opción voluntaria del empresario, que deberá ser debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos casos se apliquen las opciones alternativas que se determinen reglamentariamente.

Una vez cumplimentada la solicitud, el SEPE dispondrá de dos meses para contestar. La falta de contestación en dicho plazo se considerará aprobación de la solicitud por silencio administrativo. La exención tendrá una validez de tres años, transcurridos los cuales la empresa deberá iniciar de nuevo el procedimiento de exención y adoptar una de las siguientes opciones:

¿Cuáles son los derechos de las personas discapacitadas en España?

En España, las personas discapacitadas tienen derecho a las mismas opciones de rehabilitación y formación que existen en general a nivel nacional, independientemente de que su discapacidad se haya producido desde el nacimiento o más adelante en su vida.

¿Puedo solicitar una prestación por incapacidad en España?

Pensión de invalidez no contributiva: debe tener entre 18 y 65 años y un grado de discapacidad o enfermedad crónica de al menos el 65%. Ser residente en España y haber vivido en el país durante 5 años, incluidos los 2 años anteriores a la solicitud de la ayuda.

¿Cómo me registro como discapacitado en España?

En primer lugar, para solicitar un distintivo azul de aparcamiento en España debe ser residente español y poseer un certificado de residencia válido, pasaporte y estar empadronado como habitante del pueblo donde vive (padrón). En segundo lugar, necesitará las notas de su médico y especialista que describan su enfermedad o discapacidad.

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Prestaciones de invalidez en España

No obstante, el Tribunal reconoce la reforma de 2018 de la ley electoral española (Ley 2/2018) que prohibió la posibilidad de limitar el derecho de voto a las personas con discapacidad, y considera que la mujer con discapacidad intelectual afectada puede desde ese momento ejercer sus derechos políticos.

A pesar de ello, la decisión demuestra una vez más que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está atrasado en su interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos adoptado en 1950 y del Protocolo nº 1 del Convenio adoptado en 1952, especialmente a la luz de la adopción y ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por España, y otras 181 partes, incluidos 46 de los 47 miembros del Consejo de Europa y la Unión Europea. La CDPD prohíbe totalmente la supresión del derecho de voto por motivos de discapacidad. Según el artículo 29 de la CDPD, las personas con discapacidad deben tener derecho a participar en la vida civil y política.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa intervino en el caso explicando que “la evolución dentro del sistema de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa demostraba una clara evolución en cuanto a la clarificación de las obligaciones internacionales y que existía un consenso (…) en el sentido de que la retirada de derechos políticos por motivos de discapacidad (incluido el deterioro cognitivo) y estado de salud mental era inaceptable”. Sin embargo, el Tribunal sigue negándose a ver esta evolución y no quiere reconocer a las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno derecho, a excepción del juez Lemmens, que escribió una importante opinión disidente.

Accesibilidad en España

El cambio abrupto y masivo hacia el aprendizaje en línea puso de manifiesto grandes lagunas en la alfabetización digital de alumnos, padres y profesores[4]. Aquellos que no estaban familiarizados con el uso de la tecnología, o con la creación de contenidos con ella, encontraron la transición todo un reto. Un profesor entrevistado por Human Rights Watch en junio de 2020 dijo que muchos profesores y familias no estaban acostumbrados a trabajar en línea, y que desde la escuela “han tenido que proporcionar asistencia a profesores, familias y estudiantes”[5] Poco familiarizados e incómodos con la tecnología, algunos profesores no hicieron la transición a las plataformas de aprendizaje a distancia. Un padre de Bilbao describió cómo una de las profesoras de su hija “se negó a hacer videollamadas… dijo ‘no’. Que no se iba a poner delante de una cámara”[6] Como consecuencia de estas lagunas, algunos alumnos se quedaron sin aprender[7].

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Las barreras para acceder a las oportunidades de aprendizaje a distancia tendieron a ser particularmente altas para los estudiantes de grupos que tenían más probabilidades de enfrentarse a la exclusión de la educación incluso antes de la pandemia, incluidos los niños de grupos vulnerables y de bajos ingresos y los niños con discapacidades. En junio de 2020, Human Rights Watch entrevistó a la madre de un niño de 11 años con dislexia y déficit de atención, quien afirmó que el trabajo académico de su hijo se había visto muy limitado durante el cierre de las escuelas[8]. Su hijo tenía un plan educativo individualizado, pero durante el cierre de las escuelas “no hubo ningún tratamiento diferente, simplemente le hicieron hacer menos ejercicios”, dijo la madre[9]. Por otro lado, un padre comentó que pensaba que su hijo, que tenía una discapacidad leve del desarrollo o del aprendizaje, estaba mejor en casa que en la escuela. “Obviamente tiene a alguien [dos padres] exclusivamente para él y no a alguien [un profesor] que tiene que estar ahí para otros 25 niños”, dijo[10].

España prestación por hijo a cargo

Según el Real Decreto 1/2013, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social / General Law on the Rights of Disabled People and their Social Inclusion all properties need to be accessible by disabled people and works have to be undertaken to make adjustments if this is not the case (yet). Esto no sólo es válido para los edificios públicos, sino también para aquellas propiedades que se rigen por la Ley Horizontal (edificios de apartamentos) para que las personas con discapacidad puedan acceder fácilmente no sólo a su propia propiedad, sino también a todas las zonas comunes, vestíbulo, garaje, jardín. Para que puedan hacer uso de ellas exactamente igual que el resto de propietarios/inquilinos/usuarios.

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Pero la modificación de la Ley Horizontal para este fin (art. 10) ley “dentro de lo razonable” y que los costes no pueden suponer una carga desproporcionada para los propietarios de los pisos. La Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas dice que ‘desproporcionado’ es cuando el coste de las obras, con deducción de posibles subvenciones o financiación pública, supere las 12 mensualidades de la cuota de comunidad establecida al año.

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