Estado social de derecho españa
Constitución española
Desde 2015, sin embargo, una ley muy restrictiva sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (la llamada "Ley Mordaza") ha puesto en jaque la libertad de reunión y expresión en España. Los movimientos sociales y los periodistas que cubren actuaciones policiales durante concentraciones públicas han sido blanco de ataques. Tras muchos años de presión por parte de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, por fin el gobierno español ha iniciado un proceso de reforma de esta ley. Se trata de una oportunidad crucial para reforzar el Estado de derecho y proteger el espacio cívico en España. Sin embargo, la reforma llevada a cabo hasta la fecha no prevé salvaguardias que garanticen el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Por eso hemos alertado a la Comisión Europea de que la reforma hasta la fecha no proporciona salvaguardias para garantizar el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica. Hoy hemos enviado una carta a Didier Reynders, Comisario de Justicia, para apoyar a las OSC en España.
Países de la Carta Social Europea
Según el EU Justice Scoreboard de 2019 España se encuentra entre los cuatro países de la UE con peor percepción sobre la independencia judicial entre sus ciudadanos. La encuesta muestra una tendencia que no se detiene: la percepción sobre la parcialidad del poder judicial crece peligrosamente en la sociedad española. Las causas hay que buscarlas en tres elementos: la situación política del país; las deficiencias de la normativa sobre el poder judicial; el comportamiento de los propios jueces.
Recientemente, el Tribunal Supremo español ha dictado una sentencia desestimando el recurso del Sr. Oriol Junqueras contra la negativa del mismo tribunal a permitirle salir brevemente de la prisión en la que se encontraba en prisión provisional. El Sr. Junqueras acababa en ese momento de ser elegido diputado al Parlamento Europeo, y la autoridad electoral española (Junta Electoral Central) había decidido que sólo podría adquirir la condición plena de eurodiputado prestando en persona el juramento a la Constitución española en sus instalaciones. El Tribunal Supremo se lo impidió -a pesar de que en ese momento no estaba condenado por ningún delito- para evitar que gozara de inmunidad europea.
Papel del rey en España
Los ciudadanos envían a menudo mensajes al Presidente del Parlamento Europeo (o al portal público de la institución) expresando su opinión sobre temas de actualidad y/o solicitando la actuación del Parlamento. La Unidad de Consultas de los Ciudadanos (AskEP) del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) estudia estas cuestiones y responde a los mensajes, que a veces pueden ser idénticos como parte de campañas públicas más amplias.
El Presidente del Parlamento Europeo ha recibido recientemente un gran número de mensajes sobre la situación actual del Estado de Derecho en España. Los ciudadanos empezaron a escribir al Presidente sobre este tema en octubre de 2020 pidiendo al Parlamento que interviniera en favor del Estado de Derecho en España, que supuestamente el Gobierno español no está respetando. En cuanto al Estado de Derecho en la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha pedido un mecanismo de la UE para proteger y reforzar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En octubre de 2020, el Parlamento Europeo advirtió de que la Unión se enfrenta a una crisis sin precedentes y creciente de sus valores fundacionales.
Derecho en España
En 2015 se aprobó en España una ley muy restrictiva, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (2015/4, comúnmente conocida como Ley Mordaza). Esta ley ha restringido la libertad de reunión y de expresión, incluso a periodistas que cubrían actuaciones policiales durante concentraciones públicas, con repercusiones negativas para el Estado de Derecho. La Ley está actualmente en proceso de reforma.
Nos dirigimos a la Comisión Europea para pedirle que cumpla su mandato de velar por el Estado de Derecho en un momento clave para la garantía de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en España:
Ya en 2015, varios Relatores Especiales de la ONU denunciaron que esta Ley representa una amenaza para los derechos fundamentales y debe ser rechazada[1]. Más recientemente, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió un dictamen señalando el carácter desproporcionado y arbitrario de las restricciones a las libertades fundamentales impuestas por esta Ley[2]. El informe 2021 de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España también señaló con respecto a la Ley que si una "norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardias adicionales" y pidió una evaluación en profundidad de su impacto sobre los derechos fundamentales[3].