Convenio de seguridad social entre españa y ecuador

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Esto incluye, en particular, el Reino Unido e Irlanda del Norte. Aunque el Reino Unido (incluida Irlanda del Norte) declaró el 29 de marzo de 2017 que abandonará la Unión Europea, la legislación europea se sigue aplicando íntegramente hasta su salida.

La legislación europea sobre el seguro de pensiones se creó para las personas que trabajan o han trabajado en distintos países europeos durante su vida laboral. Su objetivo es que sufran el menor número posible de desventajas en materia de seguridad social.

El derecho europeo es un derecho directamente aplicable en la Unión Europea que prevalece sobre el derecho alemán y deja sin efecto las normativas alemanas contradictorias. Sin embargo, al hacerlo, no deben suprimirse ni reducirse los derechos existentes según la legislación alemana.

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) abandonó la Unión Europea (UE). No obstante, por el momento el Derecho europeo sigue aplicándose en relación con el Reino Unido. Así se desprende del acuerdo de retirada negociado entre la UE y el Reino Unido, que entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

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Todos estos acuerdos se basan en el concepto de responsabilidad compartida. Los acuerdos de responsabilidad compartida son recíprocos. Los países socios de cada acuerdo hacen concesiones con respecto a sus normas de cualificación de la seguridad social para que las personas cubiertas por el acuerdo puedan acceder a pagos para los que, de otro modo, no podrían optar. De este modo, la responsabilidad de la seguridad social se comparte entre los países en los que una persona ha vivido durante sus años de trabajo y la persona puede desbloquear derechos potenciales. En general, se puede acceder a una pensión de un país en el segundo, aunque el país pagador mantiene cierta discrecionalidad en cuanto a la moneda y los mecanismos de entrega utilizados.

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ResumenEn este capítulo se ofrece una visión general de las principales características de la emigración ecuatoriana y se describe el marco institucional general en el que las autoridades ecuatorianas interactúan con los nacionales en el extranjero. A continuación, presenta una revisión general de las principales políticas de compromiso con la diáspora ecuatoriana. Por último, se presentan las principales políticas y servicios de atención a la diáspora orientados a la protección social que están actualmente en vigor para proteger a los nacionales en el extranjero, especialmente a los que viven en el extranjero de forma permanente y a los que se encuentran en condiciones vulnerables. Se presta especial atención a las políticas en materia de desempleo, asistencia sanitaria, pensiones, prestaciones familiares y dificultades económicas. En general, el capítulo muestra que la política de Ecuador hacia los ciudadanos en el extranjero está relacionada con un cambio político en el país y con el nuevo discurso político que apareció a partir de 2006.

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BELLA – Construir el vínculo de Europa con América Latina (ENG)

Los ecuatorianos en España tendrán acceso a las prestaciones de la Seguridad SocialPosted On 08 Feb 2011El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el convenio de Seguridad Social firmado entre España y Ecuador, que permitirá a los trabajadores ecuatorianos en territorio español disfrutar de las mismas prestaciones que los afiliados nacionales. El acuerdo también beneficiará a los españoles que estén empleados en el país latinoamericano, que son alrededor de 5.000.

Así, un asegurado que haya trabajado en ambos países sin cumplir en ninguno de ellos el tiempo mínimo exigido para jubilarse podrá sumar las cotizaciones en cada una de las partes para cobrar su pensión.

El convenio establece las normas para la jubilación, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento, entre otras, en las que se pueden acoger los trabajadores y pensionistas de ambos países.

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Los gobiernos español y ecuatoriano han establecido el acuerdo con carácter indefinido, pero podría finalizar total o parcialmente por una de las partes, en ese caso el acuerdo dejaría de tener vigencia a los seis meses desde que una de las partes lo comunique.

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